Resumen del programa Podemos / PSOE del nuevo gobierno.

Resumen del programa Podemos / PSOE del nuevo gobierno. 

Aquí solo pongo lo más interesante, quitando mucha paja y declaración de buenas intenciones.

1.3.- Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales

arrebatados por la reforma laboral de 2012. Impulsaremos en el marco del diálogo social la

protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos.

1.4.- Subiremos el Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar progresivamente el 60%

del salario medio en España tal y como recomienda la Carta Social Europea. Se convocará la

mesa del Dialogo Social al objeto de promover un acuerdo que será la base para la propuesta

del Gobierno. Se creará una Comisión asesora del Ministerio de Trabajo y a disposición del

Diálogo Social, compuesta por profesionales de reconocido prestigio, académicos y

representantes de los sindicatos y empresarios, que estudiará la evolución del Salario Mínimo

Interprofesional. Para su análisis se tendrán en cuenta, entre otras cuestiones, el índice de

precios de consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la

participación del trabajo en la renta nacional, y la coyuntura económica general.

1.5.1.- Revisión de los contratos formativos y aprobación y desarrollo del Estatuto del

Becario para que su uso responda a finalidades exclusivamente formativas. Impulsaremos

la mejora de sus retribuciones y limitaremos el encadenamiento de periodos de prácticas y

estableciendo un porcentaje máximo de becarios y becarias en las empresas.

1.5.3.- Simplificar y reordenar el menú de contratos de trabajo. Reforzaremos el principio

de causalidad en la contratación temporal y las sanciones aplicables a su uso fraudulento

de forma que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceso al empleo,

promoviendo las reformas legislativas necesarias para ello.

1.6.- Impulsaremos la lucha contra el fraude laboral: Para ello apostamos por el uso de las

nuevas tecnologías, automatizando y conectando procesos y Big Data de diversas unidades

administrativas y reforzando el sistema de control y sancionador. Los esfuerzos se centrarán

en tres áreas: 1) el abuso de la contratación temporal concatenada sobre un mismo trabajador

o trabajadora, o un mismo puesto de trabajo; 2) el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial

con jornadas no declaradas y 3) identificaremos relaciones extra laborales que deberían

articularse a través de contratos de trabajo como por ejemplo falsos autónomos, falsos

cooperativistas y falsos becarios.

Perseguiremos el fraude de los falsos autónomos, prestando especial atención a las situaciones

en las que los ingresos obtenidos por los trabajadores y las trabajadoras procedan de un único

cliente o empleador.

1.10.- Conciliación de la vida laboral, familiar y personal y corresponsabilidad en el

tiempo de trabajo.

Ratificación de la Carta Social Europea revisada y el Protocolo adicional a la Carta

Social Europea y el Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el

acoso en el mundo del trabajo, de 21 de junio de 2019.

2.- DERECHOS SOCIALES, REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA, CIENCIA E INNOVACIÓN.

Trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción. Proteger los servicios públicos,

especialmente la educación –incluyendo el impulso a las escuelas infantiles de cero a tres

años–, la sanidad pública y la atención a la dependencia. Blindaje de las pensiones de nuestros

mayores: asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización

conforme al coste de la vida. La vivienda como derecho y no como mera mercancía. Apostar

por la ciencia como motor de innovación económica y dignificar las condiciones de trabajo del

sector. Recuperar talento emigrado. Controlar la extensión de las casas de apuestas.

2.1.- Educación.

2.1.1.- Derogación de la LOMCE. Aprobaremos una Ley Básica de Educación, que derogue

la LOMCE y sus consecuencias negativas, que blinde la educación pública como eje

vertebrador del sistema educativo e incorpore los acuerdos alcanzados por la comunidad

educativa en estos años, eliminando la segregación escolar, y permitiendo la personalización

de caminos formativos a las necesidades de los alumnos y alumnas. Alinearemos la

Formación Profesional con el resto del sistema, reforzaremos la formación en valores y el

desarrollo de capacidades transversales (soft skills) así como los mecanismos de autonomía

y gobernanza de las escuelas. La nueva Ley de Educación garantizará desde sus principios

rectores la inclusión y la eliminación de la segregación escolar por las condiciones de

origen de los estudiantes, por sus necesidades educativas especiales o por sexo.

2.1.2.- Promoveremos la coeducación en todo el sistema educativo, impidiendo la

segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos

públicos. Igualmente se asegurará que todos los centros privados concertados informan al

alumnado y familias de que las aportaciones son voluntarias y nunca condicionan la prestación

del servicio educativo.

2.1.4.- Se pondrá en marcha un Plan de Mejora de la Convivencia para la Prevención del

Acoso (bullying) y la Violencia en los Centros Educativos junto con las comunidades

autónomas.

2.1.7.- La asignatura de religión será de carácter voluntario para los estudiantes, sin

que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable a efectos académicos.

2.1.10.- Incrementaremos los recursos públicos destinados a la educación y becas.

hasta situar la inversión educativa en España en un 5% del PIB en el año 2025. Se apoyará

a las comunidades autónomas para que progresivamente se produzca una reducción de las

ratios en todos los niveles educativos.

2.1.14.- Nueva política de las becas y tasas universitarias.

 Revisaremos el sistema de becas, garantizando que se consideren un derecho

subjetivo según la situación de las rentas familiares, simplificándolo y haciéndolo

más ágil, asegurando que la convocatoria se resuelva antes del comienzo de curso

y se adelanten los ingresos. Al mismo tiempo se aumentará la financiación de becas

y ayudas al estudio con cargo a los Presupuestos Generales del Estado,

asegurando que el aumento va destinado a becas concedidas por razones

socioeconómicas.

2.2.- Sanidad.

2.2.1.- Procederemos a la eliminación progresiva de los copagos introducidos en 2012

a lo largo de la legislatura, empezando por los pensionistas y los hogares en situación de

mayor vulnerabilidad. Estableceremos garantías para que no puedan introducirse otros

nuevos que no atiendan a la situación socioeconómica de las personas, incluidos los copagos

por el transporte sanitario no urgente, por los productos ortoprotésicos y por los dietéticos, a

través de la derogación de los artículos que habilitan estos copagos en el RD-Ley 16/2012.

2.2.2.- Introduciremos progresivamente la Atención a la Salud Bucodental de la

población en cartera de servicios del SNS. Se elaborará un plan de Salud Bucodental que

establezca las prestaciones a cargo del SNS.

2.2.3.- Avanzaremos en el blindaje de nuestro sistema público de salud, apostando por

una sanidad que se base en la gestión pública directa. Para ello:

 Se revisará la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema

Nacional de Salud y el conjunto de los mecanismos normativos que abren la puerta a

privatizaciones del sistema.

2.2.4.- En el marco del Consejo Interterritorial de Salud, incrementaremos los recursos

destinados al Sistema Nacional de Salud, alcanzando una inversión en servicios públicos

propia de otros Estados de la zona euro durante la legislatura, hasta lograr el 7% del PIB en

2023.

2.2.7.- Orientaremos las políticas relativas a la industria farmacéutica hacia el cuidado

de la salud de la población, priorizando la eficiencia y la transparencia en la fijación de precios.

 Garantizar la recuperación de la cobertura sanitaria gratuita en nuestro país a los

ciudadanos y ciudadanas españoles que residen fuera de España y que no tienen

derecho a la asistencia sanitaria reconocido por los países de acogida, o bien ese

derecho no es exportable cuando se encuentren en territorio español.

2.3.3.- Mejoraremos las cuantías en el nivel mínimo y en el acordado de Dependencia.

Se realizará un esfuerzo gradual para mejorar la financiación del nivel mínimo y se recupera

el nivel acordado derogado por el Partido Popular. La financiación debe de ser de carácter

finalista, a través de la recuperación de los convenios de acuerdos financieros entre Estado y

comunidades autónomas que se derogaron en 2012.

Se realizará un estudio de las incompatibilidades entre las prestaciones del Sistema de

Dependencia, para eliminar aquellas que no hayan demostrado su utilidad.

2.3.5.- Elaboraremos un Programa de acreditación de calidad de Residencias de

Mayores, en coordinación con las comunidades autónomas, que permita garantizar una

atención digna a nuestros mayores.

2.4.1.- Garantía de pensiones dignas a través de la suficiencia y revalorización del

sistema público de pensiones.

 Plantearemos a todas las fuerzas políticas y a los agentes sociales un nuevo Pacto de

Toledo, que garantice la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones.

 Actualizaremos las pensiones conforme al IPC real mediante ley de forma permanente,

y aumentaremos el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas.

 Impulsaremos la reducción de la brecha de género en las pensiones y la revisión de las

pensiones de viudedad, garantizando la igualdad de trato en los casos de parejas sin

vínculo matrimonial.

 Revisaremos el sistema de cobertura de lagunas y determinación de la base reguladora

para evitar perjuicios a las personas con carreras profesionales irregulares y el

complemento por maternidad para hacerlo más equitativo y evitar la perpetuación de

roles de género.

2.4.1.1.- Reformaremos el Sistema de Seguridad Social, en el marco del diálogo social,

y del Pacto de Toledo, con máxima transparencia, para garantizar su sostenibilidad a

medio y largo plazo.

2.4.1.2.- En el marco de esta reforma, eliminaremos el Factor de Sostenibilidad y el

Índice de Revalorización de Pensiones de la Seguridad Social previstos en la Ley

23/2013, siempre asegurando la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo.

2.4.2.- Desarrollaremos el Ingreso Mínimo Vital como prestación de Seguridad Social.

Comenzaremos en un primer momento por el aumento decidido de la prestación por hijo/a a

cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía

de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos.

2.5.3- Protección al 100% de las familias vulnerables en situación de pobreza

energética. Se prohibirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las primeras

residencias cuando el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad de sus titulares, como

la pobreza sobrevenida y a las personas que estén padeciendo una situación de

vulnerabilidad.

2.5.4.- Subiremos el IPREM y estudiaremos objetivar los mecanismos de actualización.

2.7.2.- Reduciremos el impacto de la comida basura, al establecer obligaciones claras en

el etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos conforme al modelo del semáforo

nutricional, así como una revisión de la fiscalidad de los alimentos ultra procesados o ricos en

grasas y azúcares. Además, se impulsará que la compra pública de alimentos para comedores

escolares o de hospitales sea un modelo de alimentación de calidad y de cercanía.

2.8.- Compromiso de Estado con la ciencia y la inversión en I+D+i.

2.9.- Vivienda.

2.9.3.- Frenaremos las subidas abusivas del alquiler. Para ello:

 Se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas

abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado. Se

habilitará a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que a partir del Sistema

Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está

desarrollando el Ministerio de Fomento puedan establecer su índice de precios de

acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica. Se tomarán en cuenta

los avances de aquellas comunidades autónomas que tengan definido un sistema

Referencia de Precios del Alquiler, agilizando los mecanismos que hagan posible su

puesta en marcha.

Los ayuntamientos que así lo consideren podrán declarar de forma objetiva y

fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una

zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo

y sostenido de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus

habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el

ejercicio del derecho a una vivienda.

El objetivo de los índices de referencia mencionado en los párrafos anteriores es que

los ayuntamientos y/o comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular

las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas

tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en

alquiler.

2.9.4.- Se impulsarán medidas para asegurar el realojo inmediato en determinadas

condiciones de las personas inquilinas que no puedan hacer frente a la renta por carecer de

recursos económicos o por situaciones de vulnerabilidad.

2.9.6.- Alquiler turístico. El incremento de los precios de alquiler y la limitación de oferta para

uso residencial es especialmente grave en algunas ciudades como consecuencia del uso

turístico de los alojamientos. Para abordar esta cuestión se impulsarán reformas normativas

que permitan que las comunidades de propietarios puedan prohibir el ejercicio de la actividad

de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones para su ejercicio.

2.9.7.- Uso social de la vivienda y parque público.

 Se establecerá un marco legal que defina los conceptos de “vivienda vacía” y “gran

tenedor de vivienda” y ponga a disposición de las comunidades autónomas y los

municipios distintas herramientas para su detección y diagnóstico. Asimismo, se definirá

una política específica en esta materia, que permita establecer en los distintos

supuestos del fenómeno (inhabitabilidad, grandes tenedores, inseguridad para su

alquiler, etc.) las medidas más adecuadas: fiscales, sancionadoras, de aseguramiento

o estímulo, para movilizar vivienda vacía, en un marco donde los grandes tenedores de

vivienda colaboren con la administración competente para poner a disposición del

mercado de alquiler la vivienda vacía a precio razonables.

Se determinará el carácter social de la vivienda de protección pública con una normativa

que garantice su explotación únicamente para alquiler de personas vulnerables,

evitando que sean vendidas o explotadas por fondos buitre.

2.9.10.- Protección a las personas hipotecadas. 

Impulsaremos nuevas medidas de carácter

normativo que refuercen la protección de las personas hipotecadas, la transparencia de las

condiciones de contratación y de sus implicaciones económicas y jurídicas.

El procedimiento de ejecución hipotecaria deberá garantizar todos los medios de defensa y

de prueba para la protección del deudor hipotecario, de acuerdo con lo que establece la

normativa europea.

Se impulsarán los mecanismos para la reestructuración viable de las deudas hipotecarias

sobre la vivienda habitual de los deudores de buena fe en situación de vulnerabilidad.

Se reforzará la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales en caso de

ejecución hipotecaria para evitar las situaciones de desamparo y exclusión residencial.

2.10.- Prevención de adicciones.

2.10.1.- Regulación urgente de los juegos de azar para prevenir y frenar la ludopatía.

 Aprobaremos una regulación de la publicidad de los juegos de azar y apuestas en línea,

de ámbito estatal y similar a la de los productos del tabaco.

 Introduciremos medidas de información, gestión y limitación del consumo de juegos de

azar en el marco regulador de los juegos de azar y apuesta en línea, con el objetivo de

reforzar la autoconciencia y autonomía del jugador de cara a prácticas de consumo

saludable y para prevenir, anticipar o identificar la generación de patrones de juego

problemático.

 En el marco de la Conferencia Sectorial impulsaremos criterios homogéneos con las

comunidades autónomas para evitar que los locales de apuestas puedan abrir antes de

las 22.00h y que limiten su proximidad a centros escolares.

 Promoveremos la implicación de los operadores de juegos de azar y apuestas en el

desarrollo de acciones de información, prevención, sensibilización y reparación de los

posibles efectos indeseables derivados de la actividad de juegos de azar.

 Reorientaremos la tasa por la gestión administrativa del juego que pagan los operadores

en línea con el fin de destinar un porcentaje a iniciativas preventivas, de sensibilización,

de intervención y de control, así como de reparación de los efectos negativos producidos

por la actividad del juego. Estableceremos la obligación de que los locales de juego y

apuestas abiertos al público cuenten, en su entrada, con un cartel de advertencia sobre

los peligros de la ludopatía, con un contenido y proporciones análogas a los que

aparecen en las cajetillas de tabaco.

2.11.- Regeneración democrática y transparencia.

2.11.1.- Promoveremos acuerdos parlamentarios de consenso que permitan la elección

y renovación de los órganos constitucionales y organismos independientes, como en el

caso del Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, la Presidencia del

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el Consejo de Administración de Radiotelevisión

Española. Primaremos en la búsqueda de dichos acuerdos los principios de mérito,

capacidad, igualdad, paridad de género y prestigio profesional.

2.11.2.- Elaboraremos un Plan Nacional contra la Corrupción, que estudiará una reforma

del Código Penal. También incluirá la ampliación de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad del Estado destinadas a la lucha contra la corrupción y los delitos económicos.

2.11.3.- Aprobaremos una Ley integral contra la corrupción, en la que se incluirá un

Estatuto del denunciante. Se incluirán atenuantes en función del delito y las circunstancias de

la denuncia.

2.11.4.- Abordaremos la regulación de los lobbies para hacer transparente su incidencia

política, con registro obligatorio y público de sus entrevistas y agendas.

2.11.5.- Regularemos de manera más efectiva las condiciones de incompatibilidad del

desempeño profesional de actividades privadas para los servidores públicos, y

endureceremos las sanciones por su incumplimiento.

2.11.7.- Reformaremos la Constitución para limitar los aforamientos políticos,

limitándolos al ejercicio de la función por parte del cargo público.

2.11.8.- Se iniciarán acciones para reforzar la lucha contra los “cárteles” en la

contratación pública, para desincentivar los fraudes y compensar el sobrecoste, resarcir los

daños provocados y aumentar la transparencia.

2.12.- Justicia eficaz.

2.12.3.- Sustituiremos el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, eliminando el

plazo máximo de instrucción por ser una limitación para la lucha contra la corrupción.

2.12.4.- Modificaremos la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.

3.- LUCHAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO.

La transición ecológica justa, la protección de nuestra biodiversidad y la garantía de un trato

digno a los animales.

3.1.- Aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Se fijarán

objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero y energía para vertebrar las políticas

energéticas, de transporte, de producción industrial y las urbanas, abriendo, al mismo tiempo,

una oportunidad para la generación de nuevas orientaciones socioeconómicas, garantizando la

transición justa. El objetivo será alcanzar en 2050 una generación de electricidad con origen

100% renovable, y entre el 85% y el 95% en 2040.

3.2.- Aprobación del Plan nacional integrado de energía y clima, reforma del mercado

eléctrico y bajada de la factura, como principales instrumentos para complementar y

desarrollar la ley, estableciendo las sendas a seguir, definiendo el mix energético para el

periodo 2021-2030, haciendo el sistema más justo socialmente y dando certidumbre a los

inversores antiguos y futuros:

 Impulsaremos la elaboración de normas legales necesarias para reformar el mercado

eléctrico, de forma que la reducción progresiva del coste de las energías renovables se

traslade al precio de la electricidad, y se garantice la rentabilidad adecuada y el pleno

desarrollo de la expansión de las mismas. 

 Realizaremos los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del

mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución (conocida como “beneficios

caídos del cielo”) que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que

fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización y que han

recuperado sobradamente sus costes de inversión.

 Revisaremos los pagos por capacidad, de manera que se limiten a medidas

condicionales, transitorias, sin distorsiones, de último recurso y de acuerdo con el

cumplimiento de los objetivos de reducción del precio de la electricidad, excluyendo la

posibilidad de incurrir en ayudas ilegales y conforme en todo momento a la normativa

europea vigente en la materia.

3.5.- Regulación y fomento del autoconsumo. Regularemos el autoconsumo compartido y

simplificaremos los trámites administrativos y técnicos para autoconsumir sin cargos.

Estableceremos reglamentariamente la retribución de la energía vertida a la red por las

instalaciones de autoconsumo que deberá ser, como mínimo, igual al valor de mercado

mayorista de electricidad. Se continuará trabajando para reparar la situación de los pequeños

inversores perjudicados por el cambio regulatorio respecto de la retribución de las renovables.

3.9.- Plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización de agua.

Garantizaremos el agua potable y de riego, al tiempo que se protege el medioambiente

y se consagra el acceso al agua como un derecho humano y no como un bien mercantil.

Se prohibirá, por tanto y como parte de este principio, la compraventa de derechos

concesionales del agua.

3.16.- Impulsaremos una Ley de Bienestar Animal, que garantice una relación respetuosa

hacia todos los seres vivos incluyendo la revisión de la fiscalidad de los servicios veterinarios.

Estudiaremos la posibilidad de establecer un delito de maltrato de animales salvajes en su

medio natural y una revisión de las penas al abandono de animales domésticos, y mejoras en

el control de los animales domésticos y en el control de la producción de animales de consumo.

4.- INDUSTRIA, PYMES, AUTÓNOMOS/AS Y SECTOR PRIMARIO.

Fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a los/as autónomos/as. Impulsar la

reindustrialización y el sector primario. Facilitar desde la Administración las bases para la

creación de riqueza, bienestar y empleo, así́como el impulso digital.

4.1.- La revolución digital para impulsar el crecimiento económico y mejorar el bienestar

de las personas.

 Pondremos en marcha una Estrategia de Formación y Alfabetización Digital que

garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la digitalización en todos los

niveles del sistema educativo y de la formación de los trabajadores para evitar la

exclusión digital.

 Pondremos en marcha la Estrategia de ciudadanía digital que contemplará diversas

medidas, incluido un bono social de acceso a internet para colectivos vulnerables que

sea funcional en el actual contexto tecnológico y contribuya a la conectividad en todo el

territorio nacional.

4.10.- Se perseguirán las prácticas de competencia desleal y/o abuso de posición

dominante de las grandes empresas multinacionales que, en ocasiones, perjudican a los

autónomos y PYMES.

5.- NUEVOS DERECHOS Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.

Aprobación de nuevos derechos que profundicen el reconocimiento de la dignidad de las

personas como el derecho a una muerte digna, a la eutanasia, la salvaguarda de la diversidad

y asegurar España como país de memoria y dignidad.

5.1.- Derecho a muerte digna y regulación de la eutanasia. Daremos una respuesta jurídica,

sistemática, equilibrada y garantista a las demandas sostenidas de la sociedad actual en

relación con el final de la vida. Para ello, impulsaremos una Ley de derechos y garantías de la

dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, así como la Ley Orgánica de Regulación

de la Eutanasia, y su inclusión en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.

5.4.- Recuperación de nuestra memoria democrática.

Desarrollaremos actuaciones de reconocimiento y reparación de las víctimas de la

Guerra Civil y la Dictadura, declarando el 31 de octubre como día de recuerdo para

todas las víctimas del franquismo, y el día 8 de mayo como el día de reconocimiento a

las víctimas del exilio.

 Implementaremos un programa de exhumaciones de las víctimas del franquismo que

continúan en fosas comunes.

 Retiraremos la simbología franquista de los lugares públicos y estableceremos la

prohibición de la exaltación y enaltecimiento del franquismo en lugares de acceso

público. Del mismo modo, estudiaremos todas las vías legales para retirar las

condecoraciones y prestaciones asociadas, concedidas a personas que protagonizaron

actos criminales no juzgados durante el franquismo.

Declararemos nulas las condenas y sanciones de tribunales, jurados y otros órganos

penales, administrativos o militares dictadas durante la guerra civil española o la

dictadura por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación sexual,

identidad o expresión de género.

Auditaremos los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos

titulares, como la recuperación inmediata del Pazo de Meirás para el patrimonio público.

5.5.- Aprobaremos una Ley sobre Libertad de Conciencia que garantice la laicidad del

Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas.

5.6.- Derechos y libertades civiles. Aprobaremos una nueva Ley de seguridad ciudadana,

que sustituya a la “Ley mordaza" para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de

expresión y reunión pacífica. Esta nueva legislación, que verá la luz a la mayor brevedad, estará

basada en una concepción progresista de la seguridad ciudadana y priorizará la garantía de

derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulará, entre otros, el Derecho de

reunión, la identificación y registro corporal, la identificación de los agentes, y la derogación del

artículo 315.3 del Código Penal.

5.7.- Sistema electoral.

 Eliminaremos el voto rogado en las elecciones autonómicas, generales, y europeas y

municipales.

 Estableceremos listas cremallera en todos los procesos para garantizar la presencia de

mujeres en las instituciones.

 Se trabajará para conseguir un amplio consenso que permita modificar la fórmula

electoral para mejorar la proporcionalidad del sistema.

 En el marco de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, abriremos el

debate sobre la posibilidad de otorgar el derecho de sufragio activo y pasivo a las

personas jóvenes de 16 y 17 años.

5.8.- Impulsaremos una Comisión Estatal de la Memoria Histórica y la Reconciliación con

el Pueblo Romaní en España.

5.9.- Desde el respeto escrupuloso a la libertad de expresión e información,

impulsaremos una estrategia nacional para la lucha contra la desinformación, que incluirá

la elaboración de guías, mejores prácticas y cursos para combatir la desinformación en internet

y redes sociales.

5.10.- Se reconocerá la nacionalidad española a las personas descendientes de

progenitores españoles nacidos en el extranjero en cualquier momento. Estas personas

podrán optar por la nacionalidad española en caso de que sus madres, padres, abuelas o

abuelos adquirieran la nacionalidad del país de acogida. A esto se añaden los casos de quienes

perdieron la nacionalidad en el exilio causado por la Guerra Civil y la dictadura, a quienes se

les reconocerá con el fin de saldar esa deuda histórica.

5.11.- Haremos las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los

bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia basadas en el privilegio de inscribir en el

Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros.

5.12.- Un País Orgulloso de su Diversidad.

Aprobaremos una Ley contra la Discriminación de las Personas LGBTI, incluyendo

la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión.

6.- CULTURA Y DEPORTES.

Asegurar la cultura como derecho y combatir la precariedad en el sector. Fomentar el deporte

como garantía de salud, integración y calidad de vida.

6.9.- Regularemos las profesiones del deporte y se impulsará un plan de formación y empleo

para los deportistas antes, durante y después de su etapa deportiva, así como medidas

concretas para posibilitar su inclusión en la sociedad.

7.- POLÍTICAS FEMINISTAS.

7.1.- Políticas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo y la

ocupación.

Garantizaremos el derecho a la adaptación de la jornada de trabajo, en el caso de

personas trabajadoras con hijos o hijas, tras la reincorporación de un permiso de

crianza, y hasta que los menores cumplan doce años.

7.5.- Garantizar los derechos sexuales y reproductivos para asegurar una maternidad

libremente decidida.

Así mismo, favoreceremos el acceso, a los últimos métodos anticonceptivos, a la

anticoncepción de urgencia y a la interrupción voluntaria del embarazo de todas

las mujeres, en el Sistema Nacional de Salud, en el marco la Ley de Salud sexual y

reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo de 2010.

Del mismo modo, vamos a garantizar los tratamientos de reproducción asistida a

todas las mujeres, independientemente de su orientación sexual y estado civil, una vez

reestablecido este derecho en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de

Salud.

7.7.- Decimos NO a los vientres de alquiler. 

La explotación reproductiva está prohibida en

nuestra legislación, en coherencia con las recomendaciones del Parlamento Europeo. Los

vientres de alquiler socavan los derechos de las mujeres, especialmente de las más

vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas. Y por eso, actuaremos

frente a las agencias que ofrecen esta práctica a sabiendas de que está prohibida en nuestro

país.

Seguiré analizando el texto más adelante.

Texto completo en : https://drive.google.com/file/d/1A7yR8NktBUckrBYSGWYMPHhpyUUyeTZr/view